¿CAC-ICADA?

Complicado. Cuando uno se mueve en el ámbito de las libertades básicas, nada es simple. Y por eso, lo más recomendable siempre es pecar por exceso que por defecto. Ante la duda, ancha es Castilla. Por eso comprendo que el CAC haya suscitado un alud de críticas en toda la blogosfera. Mis vecinos de Las ideas tampoco son indulgentes y critican abiertamente el documento del CAC sobre la COPE, como Martínez Soler en un tono muy duro o también la secuencia de tres posts del siempre agudo Clavijo en mi admirada manzana de Newton. Intentaré argumentar mi posición a favor del documento, con las reservas oportunas.

1. Empiezo por lo fácil. La esencia de la argumentación de la COPE es el derecho a la libertad de opinión. Es sabido que éste es un principio básico del sistema democrático, el famoso artículo 20 de la libertad de expresión y de información. Las sentencias del Tribunal Constitucional sostienen no sólo que expresión e información son dos actividades que (a pesar de las dificultades que ello entrañan) han de ser separadas, sino que además la información debe ser veraz. Este principio es capital. La libertad de información es un derecho atribuible a los informadores, pero sobre todo a los "consumidores" de la información. A veces, algunos periodistas pecan de corporativos y sostienen este derecho en un solo sentido: desde el informador al informado. Pero el informado (y existe una sentencia del TC que así lo reconoce) también tienen derechoa la información y a que la información sea veraz. En un sistema basado en la capacidad de decisión de todos los ciudadanos, el acceso libre a una información veraz es imprescindible. Sin ciudadanos informados no hay ciudadanos responsables.
   
2. Cuando en la COPE se afirma que Montilla quiere crear otro GAL para matar terroristas, o que todas las personas que atacan a la Generalitat corren el riesgo de recibir un tiro en la nuca, o que ETA tutela el Estatuto (véase el post anterior) no sólo se insulta a Montilla, al Gobierno de la Generalitat o a los diputados del Parlament (yo mismo), sino que se falta a la verdad. Objetivamente. La COPE ofrece una mentira como si fuera información. Y eso, hay que decirlo, también vulnera el principio constitucional a una información veraz.
3. De hecho, el artículo 4 de la Ley 4/80 considera que la actividad de los medios de comunicación del Estado se rigen por seis principios, entre los que figuran "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones" (a), "la separación entre informaciones y opiniones" (b) o "el respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas" (d). En algunos de los fragmentos que recoge el post anterior o en el propio redactado del informe del CAC, resulta evidente que los tres principios han sido abiertamente vulnerados.
4. Yo creo que en este punto existe un cierto consenso. Es el mismo que encontraríamos frente a un medio xenófobo, vejatorio contra las mujeres o nacionalsocialista. Si un medio sostuviera de forma reiterada que las mujeres son seres inferiores o que debemos contemplar la limpieza étnica o que este país va a la deriva por la infección mora, ¿debemos limitarnos a cambiar el dial, en virtud del derecho constitucional a la libertad de expresión o de información?.
   
5. La crítica sustancial se centra en el hecho de que la vía utilizada en este caso no es la vía judicial. Según esta interpretación, sólo los jueces tienen la potestad de velar por el cumplimiento de las leyes en general, y de los principios sobre información y expresión en particular. Empiezo diciendo que el hecho que la vía judicial sea una de las vías no quiere decir que sea la única vía posible. Por ejemplo, el derecho de reunión que prevé la Constitución puede ser regulada por el ejecutivo y no sólo por una decisión judicial. También el derecho a la huelga, de manera que es el ejecutivo el que determina los servicios mínimos. Los límites de la actuación del poder ejecutivo se hallan en la naturaleza misma del derecho que se debe preservar y también la posibilidad que tiene el afectado de acudir siempre al poder judicial.
   
6. Como reconoce el informe del CAC no estamos ante un acto de censura, ya que ésta por definición es a priori. En este caso, no se regulan los contenidos antes de que sean emitidos sino que se evalúan los que ya se ha realizado.
   
7. Finalmente, como es sabido, en un espacio limitado de licencias (como la radio o la televisión), la administración establece unos criterios que sirven para justificar la adjudicación de licencias. De la misma forma que se regulan los incumplimientos en la reglamentación sobre publicidad o sobre determinados tratados internacionales, se puede pensar que en determinados casos extremos en los que de forma reiterada se vulneran los principios que avalaron una determinada licencia, un organismo pueda emitir un juicio al respecto.

Entiendo perfectamente que es una senda peligrosa. La cautela debe ser el principio rector. Y, de hecho, el informe no tiene ninguna repercusión directa más allá de la puramente notarial: da fe de la vulneración de unos principios. Pero el lado opuesto, un laisez faire condescendiente, me lleva plantearme los límites de la opinión y la información.